Incorporar los derechos humanos a políticas de salud mental perinatal

Publicamos en exclusiva este artículo la doctora Rocío Paricio, psiquiatra infantil y perinatal en el Hospital Puerta de Hierro Majadahonda de Madrid y docente en nuestro curso  de psiquiatría perinatal. El artículo se publicó originalmente en inglés:

Incorporar los derechos humanos a políticas de salud mental perinatal en España

Por Rocío Paricio

La salud mental perinatal (que incluye el embarazo y hasta los doce meses posteriores al parto) constituye una dimensión tan fundamental como desatendida de la salud de las mujeres, y que además se encuentra ampliamente condicionada por las desigualdades de género y los derechos reproductivos¹. A nivel mundial, y particularmente en los países de altos ingresos, una de cada cinco mujeres presenta problemas significativos de salud mental en este periodo, destacando la depresión y trastornos de ansiedad. Sin embargo, en España, menos de un tercio recibe una atención que incluya el acceso a un tratamiento especializado en salud mental y una continuidad asistencial a lo largo de los dispositivos de maternidad. Pese a los recientes avances normativos, continúan persistiendo deficiencias estructurales que dificultan el pleno cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Desde una perspectiva basada en los derechos humanos, la protección de la salud mental perinatal no es opcional. Más allá de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), ampliamente conocida en el ámbito de la salud, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en sus artículos 12 y 16, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en su artículo 12, imponen obligaciones jurídicas vinculantes a los Estados Parte (como es el caso de España) para garantizar la salud física y mental de las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto.²  Entre ellas se incluyen el acceso a una atención sanitaria adecuada, la protección frente a la discriminación laboral y el respeto a la autonomía reproductiva. El Comité de la CEDAW ha dictado resoluciones condenatorias contra España en tres casos relativos al maltrato durante el parto, denominado en su marco jurídico como violencia obstétrica, reconociendo estas prácticas como una forma de violencia de género y poniendo de relieve la persistencia de fallos estructurales persistentes en nuestro país. Conceptualizar estas situaciones como una atención no sensible con el trauma puede facilitar la reflexión clínica y el reconocimiento del impacto psicológico adverso de dichas prácticas.

España ha experimentado algunos avances relevantes en los últimos años. El Plan de Acción de Salud Mental (2025–2027) incorpora la salud mental perinatal como una prioridad estratégica. Asimismo, la creación de la especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia (2021) ha incluido formación específica en este ámbito. Las políticas de permisos parentales garantizan actualmente diecisiete semanas de permiso igualitario e intransferible para cada progenitor, además de dos semanas remuneradas para disfrutar antes de los 8 años, y en 2024 se reforzaron las protecciones para las trabajadoras del hogar embarazadas. Estas medidas reflejan un reconocimiento creciente de la importancia del vínculo temprano y de los determinantes precoces del desarrollo y la salud mental infantil.

Pese a ello, persisten importantes lagunas. A nivel de salud mental, España carece de unidades de hospitalización madre-bebé y dispone únicamente de un hospital de día especializado, lo que conduce con frecuencia a la separación madre-bebé en casos de trastorno psiquiátrico grave. La formación en salud mental perinatal sigue siendo limitada entre los profesionales de obstetricia, psiquiatría y atención primaria. El estrés psicosocial durante el embarazo no está reconocido como riesgo laboral, lo que deja a las mujeres embarazadas (especialmente en empleos precarios y a las trabajadoras del sector sanitario) expuestas a condiciones de trabajo potencialmente dañinas. Asimismo, continúan existiendo importantes desigualdades territoriales dentro del marco nacional, por lo que el acceso a servicios especializados depende en gran medida de la comunidad autónoma de residencia.³ A ello se suma que el permiso de maternidad sigue siendo reducido en comparación con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de seis meses de lactancia materna exclusiva.⁴

El maltrato durante el parto, así como la atención materna irrespetuosa o abusiva, continúan siendo determinantes graves, aunque evitables, de la salud mental perinatal. Un amplio estudio de ámbito nacional reveló que cerca del 40 % de las mujeres en España percibieron haber experimentado algún tipo de maltrato durante el parto. Estas vulneraciones menoscaban la dignidad, la autonomía y la confianza en el sistema sanitario, y se asocian a un mayor riesgo de depresión posparto, ansiedad y sintomatología traumática.⁵ La erradicación de estas prácticas exige reformas estructurales de los sistemas de salud materno-infantiles, formación obligatoria en atención respetuosa y sistemas eficaces de quejas, supervisión y rendición de cuentas.

Abordar la salud mental perinatal desde una perspectiva de derechos humanos y justicia reproductiva permite comprender su carácter multidimensional: no se limita a los resultados clínicos, sino que incluye el derecho a un parto seguro y digno, a la recuperación y la lactancia, y a la crianza en entornos de apoyo. La evidencia internacional muestra que la inversión en salud mental perinatal genera beneficios sostenidos para las familias y la sociedad, dado que la salud mental materna e infantil están estrechamente interrelacionadas y se sustentan en obligaciones en materia de derechos humanos.

Para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones internacionales, España debería:

1. Desarrollar unidades madre-bebé y programas comunitarios de salud mental perinatal que garanticen un acceso equitativo a la atención especializada.

2. Integrar la formación en salud mental perinatal en todos los planes de estudio pertinentes de medicina y enfermería.

3. Reconocer el estrés psicosocial como riesgo laboral y reforzar las medidas de protección en el entorno de trabajo para las mujeres embarazadas.

4. Ampliar el permiso de maternidad al menos hasta las 24 semanas, en consonancia con las necesidades de recuperación y lactancia.

5. Implantar un marco nacional para prevenir el maltrato durante el parto, con mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas.

Garantizar la salud mental perinatal no es únicamente una cuestión de atención sanitaria, sino también de justicia y derechos humanos. España ha dado pasos significativos en esta dirección; sin embargo, la plena realización de los derechos de las mujeres requiere un compromiso estructural con la dignidad, la igualdad y un apoyo perinatal integral. Un enfoque basado en los derechos puede orientar futuras reformas y situar a España como referente europeo en la protección de la salud mental materna y la justicia reproductiva.

Referencias:

1. WHO. Guide for Integration of Perinatal Mental Health in Maternal and Child Health Services. Geneva: WHO; 2022.

2. United Nations. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. New York: UN; 1979.

3.Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal. El Mapa del Desierto: la situación de la salud mental perinatal en España. 2024.

4. Heshmati A, Honkaniemi H, Juárez SP. The effect of parental leave on parents’ mental health: a systematic review. Lancet Public Health. 2023;8(1):e57–e75.

5. Mena-Tudela D, et al. Obstetric violence in Spain: Women’s perception and interterritorial differences. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(21):7726.

Artículo publicado originalmente en inglés:

Paricio del Castillo, R. (2026). Translating human rights into perinatal mental health policy in Spain. The European Journal of Psychiatry, 40, 100344. https://doi.org/10.1016/j.ejpsy.2026.100344